EL ESTADO DE
DERECHO
Sigo con mi lucha interna en cuanto a las dos vías de pensamiento que mantengo desde hace varios
años:
O son muy tontos, muy tontos, políticos y periodistas, pero
me parece increíble.
O son muy corruptos y mentirosos, que me parece más increíble.
Pero el resultado es muy claro: Entre todos nos han llevado
a la España “Grande y Libre…y Una” que estamos viviendo: La primera en paro y
corrupción y la ultima en educación y solidaridad. Así que debe haber algo de
ambos.
También habría que pensar en los ciudadanos que votan a los
corruptos e insolidarios.
Cada vez me apetece menos escribir, por inmotivación, pero
llevo varios meses intentando escribir sobre el “caso princesa Cristina” y
quiero adelantarme a las resoluciones futuras.
Escribí hace unas semanas lo que iba a ocurrir con el “caso
Esperanza Aguirre” y se ha confirmado. Es lo que pensaba y lo que deseaba por
el bien del Estado de Derecho: Siempre preferiré un malísimo juez a un buenísimo
policía.
No conozco todo el expediente de la “princesa” pero, por lo
que oigo en la tv, el recorrido es nulo…y luego dirán que “los jueces están
manipulados y que no todos somos iguales ante la ley. Llevan razón, pero por
las tasas y por los costes de los abogados, cuyas minutas están desorbitadas y
con el control monopolístico de un Colegio bajo sospecha de parcialidad.
1.- La princesa dice que no conocía el “importe total” de
los negocios de su marido. Ha firmado documentos de acuerdos en Juntas y otros “no
dinerarios específicos”. Si n conocía el total, tampoco podía conocer la “parte
de los emolumentos del marido” por lo que los dineros del palacete podían ser lícitos
o no (el 1 % de 100 millones es un millón, pero de mil son 10 millones). Aunque
fuera una sociedad sin ánimo de lucro el consorte debía tener una retribución aunque
fuera mínimo. No es igual que la exministra que dijo que no veía los coches; ni
igual que la esposa del socio que era empleada de la empresa y veía todo el tráfico
de operaciones. La princesa nunca ha dicho que “no viera el palacete”.
El Tribunal Constitucional (año 1990) y el Tribunal Supremo,
en múltiples sentencias, que arrancan mucho antes del “caso princesa” se citan,
uno a otro, para decidir que:
“El principio presunción de inocencia garantiza el derecho a
no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria
sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de
culpabilidad (…) sin acreditar la existencia de un mínimo de culpabilidad y de ánimo
defraudatorio”
El Tribunal Supremo (2008): La mera cita de los preceptos
legales no es suficiente. Motivar la culpabilidad. La Administración debe
motivar (…) y si no, soslaya el principio de presunción de inocencia. Y,
4: “La competencia para imponer sanciones tributarias previstas en la Ley
General Tributaria, corresponde exclusivamente a la Administración Tributaria,
siendo evidente que los déficit de motivación de las resoluciones sancionadoras
no pueden ser suplidos por los órganos de la jurisdicción ordinaria que, en este ámbito, solo pueden llevar a cabo un mero control de la legalidad”.
Podemos estar de acuerdo, o no, con la politización de los
jueces, pero el Tribunal Supremo, único órgano con potestad para interpretar
finalmente la ley, debería ser respetado, al menos más que a los políticos y
periodistas.
El Tribunal Supremo no va a cambiar su doctrina “para
condenar a la princesa”...seria catastrófico.
Luego, los periodistas, que no tienen ni puñetera idea de
derecho, para salvar su “ego” dirán que los jueces “están manipulados”.
Pero claro, si los periodistas, son tan listos, los políticos también, los
grandes opositores...genios, por qué
coño España es, o la hemos hecho “un país
de mierda”.
Manuel Pérez.
