Siempre que escribo sobre cualquier
cuestión, tengo la sensación de que me dejo lo más importante, por eso se me
hacen largos los escritos.
Porque no “entiendo” que no se “entienda” (en este caso) lo
que explico sobre la autoridad del médico en el control de los recursos que los
CIUDADANOS ponen a disposición de los Servicios de Salud, no de los políticos: La
ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como máximo intérprete de la ley,
son claras.
Pero voy a hacer una leve reflexión general:
*El sistema fiscal es un distribuidor de la renta: Paga más
el que más tiene para dárselo, en efectivo o especie, al más necesitado. Todo el
dinero que se recauda de nuestros impuestos es para invertirlo y que cumpla su
cometido en los distintos sectores, que no es otro que ofrecer la máxima satisfacción
al ciudadano que paga “para que la sociedad funcione con armonía y no tengamos
que saber todos de todo (y mucho) porque si no nos engañan”.
*En la Administración de Justicia, son los jueces los que
deciden el gasto necesario para que los ciudadanos obtengamos unas resoluciones
que satisfagan y beneficien al conjunto de la sociedad. Y los políticos no
pueden legislar al margen de ellos.
*En la educación son los maestros los que conocen, sobre el terreno,
los niños que debe haber en cada clase y la dedicación general y específica a
todos y cada uno de ellos.
*Los inspectores de hacienda conocen los medios necesarios
para evitar que exista fraude fiscal y hay que dárselos.
*Los ingenieros y arquitectos de los recursos para que
puentes, carreteras y edificios no se “caigan”.
* Los médicos ya lo he explicado. El propio SAS acepta en su
Plan de Ordenación de los Recursos Humanos, aprobado en 2010, como no podía ser
de otra forma, por escrito, el espíritu de la ley.
*Los tribunales y la Administración, solo tienen el control
de la legalidad para evitar arbitrariedades de los funcionarios.
*Y por parte de los profesionales: Las tan cacareadas “plazas
en propiedad” no son un “premio” a los brillantes exámenes, sino una atribución,
una potestad, para dotar de independencia
a cualquier funcionario con objeto de que se ciña a la ley y sirva al ciudadano
“que le paga” para resolverle y hacerle más fácil el cumplimiento de sus
derechos y obligaciones.
Y el funcionario público que no resuelva al ciudadano sus
problemas en el espíritu de su existencia (la del funcionario) no en el marco rígido de la norma, está
cometiendo prevaricación moral, por acción o por omisión.
Todo esto lo han destruido nuestros políticos: vienen solo a
mandar por mandar, aunque no sepan, pero no deben ni pueden. ¿Recordais aquella
frase “los votos me han absuelto”?. Eso piensan todos.
Como dice Jesús Candel “si las cosas son muy fáciles”: Dejad
a los profesionales que trabajen y ayudadles, no les pongáis chinas en los
zapatos.
Manolo Pérez.
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