Asociación Justicia por la Sanidad, sigue trabajando para conseguir
la mejor Sanidad Pública, una Sanidad
que dé respuesta a las demandas de todos los ciudadanos.
La mayor garantía de que podamos
conseguirla depende de que el médico “recobre” su autoridad: Un médico coaccionado
permanentemente por la Administración y por el usuario, pierde su mejor
decisión ante cada proceso y ello conlleva una peor distribución de los
Recursos disponibles, que nunca serán ilimitados, con yatrogenia en algunos
casos e inatención, en forma de listas de espera, en otros.
Desde hace cuatro años, hemos
estado reivindicando la intervención del Colegio de Médicos, como el Organismo
que tenía que velar y defender la autoridad del médico, pero, como sabéis muy
bien, nuestros esfuerzos han ido vanos: De hecho la única función que tienen
los Colegios Médicos, además de estar recogido en sus Estatutos o precisamente
por eso, es defender a sus colegiados, máxime cuanto estos tienen asignada la
labor más importante en el control de la
salud de la población.
Pero estamos decididos a vencer
todos los obstáculos que nos están poniendo, para conseguir nuestros objetivos
porque si el Colegio de Médicos ha decidido inhibirse, los médicos no podemos
seguir “mendigando” nuestros derechos fundamentales indefinidamente “porque
tenemos la auténtica responsabilidad, tanto legal como moral”.
Y con este objetivo, en el seno
de Asociación Justicia por la Sanidad, hemos creado una Asociación de Médicos, con
personalidad jurídica, para acudir a
todas las instancias necesarias en defensa de la independencia y de la dignidad
del médico, fundamentales si queremos mantener la Sanidad Pública.
La defensa de los derechos del médico
la puede realizar un solo médico o un colectivo, pero a ninguno se nos oculta
que individualmente es muy difícil luchar contra todos los actos arbitrarios de
la Administración Sanitaria porque habría que estar TODOS LOS DIAS en los
tribunales y el desgaste seria inasumible, insisto, de forma individual.
Pero también es cierto que
cualquier médico, ante un acto coercitivo de un jefe de Servicio, Director Médico
o Gerente, puede plantear una demanda (contencioso-administrativo) o querella
(penal) ante los tribunales que sería muy disuasorio para esos cargos
administrativos por el desgaste que les produciría también, máxime si tiene el
apoyo jurídico y mediático que ofrece la Asociación Justicia por la Sanidad. No
debemos olvidar que en una “lucha” o reivindicación, todos los implicados
sufren consecuencias.
Cuantos más seamos más facil será
el procedimiento, y tened en cuenta que la máxima dificultad estriba en que
hemos cedido todos nuestros derechos a la Administración, tácita y
expresamente, durante muchos años y partimos de una situación poco ventajosa.
Tampoco es una cuestión SOLO de numero porque la medicina es
ciencia, tiene sus protocolos y sus “verdades” y cualquier medico puede
impugnar las “ordenes” administrativas, si utiliza los mejores argumentos, científicamente aceptados. La jurisprudencia
está llena de sentencias favorables a los médicos.
No es una Asociación “que quiera
dejar al margen al resto del personal sanitario” antes bien nos parece
imprescindible la colaboración de todos, incluidos los ciudadanos que ya forman
parte de la Asociación Justicia por la Sanidad, sino que el “médico” es el
único colectivo que la ley 44/2003, art.
6. 2 a, y la jurisprudencia, reconocen como responsable, por sus
conocimientos de la salud de los ciudadanos y le concede la potestad de
reivindicar los medios necesarios para conseguirlo ante los tribunales.
Por lo tanto se trata de crear un
órgano con legitimidad ante la jurisdicción, operativo y eficiente.
El propio Decreto 462/1996 de 8
de Octubre, de la Consejería Salud, de Andalucía regula las potestades de la
Junta Facultativa de los hospitales y, aunque hace trampillas a la ley, da suficiente
material que confirma la “jefatura del médico”.
Por lo tanto, podemos exigir a la
Junta Facultativa, al Director Médico, a los Jefes de Servicio que se atengan a
la ley y exigírselo inmediatamente ante los tribunales.
El funcionamiento de los Servicios
de Salud, que diseña la ley, quedaría así:
Paciente, como objeto fundamental
de la Sanidad, pero que depende de los conocimientos del médico para aplicarle
los recursos disponibles, sin que él pueda decidirlos.
Los Servicios de Salud tienen la
misión de facilitar los recursos necesarios que deben ajustarse al presupuesto
y a la cartera de servicios ofertada; y
el control administrativo de la legalidad.
No es por “casualidad” ni por
“privilegios” por lo que el médico tiene la FIRMA de todos los actos médicos, desde el primer día que inicia su
andadura profesional.
Y es una FIRMA que no se la concede el Gerente del Hospital, ni el Ministro,
ni el Rey, sino la LEY y solo la ley puede retirársela.
Esto es así porque aunque parezca
que el Servicio de Salud “contrata” a todo el personal, incluidos los médicos y
“quien contrata manda” es una fórmula que no es válida en ninguna
Administración y menos en la Sanitaria: La gran diferencia y es característico
del médico es la FIRMA. La única
función de la Administración Sanitaria, es ordenar los Recursos Humanos y
ajustarlos, como decía, a la oferta de Servicios que hace, pero siempre con el
visto bueno del médico.
Los “contratos basura” instrumento
que usa la Administración para “coaccionar” a su personal, son ilegales e
infringen la ley 55/2003 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo.
La única cuestión es que hay que reclamarlos de forma individual porque hay
muchas personas que están muy bien con este sistema de contratos y se respeta
la autonomía de la voluntad, de acuerdo con la Convención Europea de los
Derechos Humanos.
Dicen, reiteradamente, tanto
Tribunal Constitucional como Tribunal Supremo “(…) los jueces no sabemos
medicina, de medicina saben los médicos y a nosotros nos cabe el control
jurisdiccional de la legalidad (…). Y las numerosas sentencias al respecto dan
la razón al médico.
Pero, y esto es nuestro, no se
refiere a cualquier médico sino al que tiene la inmediatez, al que atiende al
enfermo, lo diagnostica y lo trata.
Lo que hasta ahora ha hecho la
Administración, es ofrecer unos servicios
ilimitados, recortando los medios para llevarlos a cabo, descargando en el
personal sanitario la responsabilidad de todo y enfrentándolo al paciente.
Pero el médico es el responsable
y la ley le da los instrumentos y la potestad para EXIGIR. Por ello, ante cualquier demanda judicial, en su contra,
el medico no puede alegar falta de medios, si no lo ha denunciado, previamente,
ante los tribunales.
Queda claro que la Asociación de
Médicos es un instrumento jurídico, adaptado a los requerimientos legales y
que, al menos desde nuestra filosofía, no pretendemos dividir sino unir a todos
los profesionales y ciudadanos en el seno de la Asociación Justicia por la
Sanidad.
Disponemos de un Servicio
Jurídico completo y eficiente, entre los que se encuentra un abogado con
suficiente experiencia y médico de profesión a su vez, lo que hace más fácil la
exposición y defensa de estos criterios ante los tribunales.
Todos unidos somos, no solo
necesarios sino cuasi-imprescindibles y estamos convencidos que desde ahora y
sobre todo cuando empecemos a impugnar todas las decisiones administrativas que
no se ajusten a la ley, obtendremos un apoyo masivo tanto ésta Asociación como
la Justicia por la Sanidad, en su conjunto, alma mater del proyecto.
Esperamos, también, que la nueva
situación surgida nos haga recapacitar a todos y seamos capaces de unirnos,
pero la Asociación llevará a cabo esta iniciativa, con un médico, dos, diez o
doscientos, porque cualquier medico tiene legitimidad para exigir (no
pedir, pedir y pedir) a la Administración que disponga los medios necesarios
para satisfacer la demanda de los ciudadanos, es decir, la Administración ha
creado la demanda y tiene que procurar la oferta de medios para cumplirla o que
reduzca la oferta de servicios, vía reducir los derechos de todos y enfrentarse
al pueblo en las elecciones.
No va a ser un camino de rosas
porque “los enemigos de la sanidad pública y del médico” son muchos, pero
nosotros confiamos ciegamente porque actuando “bajo el manto de la ley” las garantías son máximas.
Además de necesitaros a TODOS,
también os damos la oportunidad de que dejéis la actitud pasiva de queja y
paséis a la acción de ejercer vuestros derechos.
Os esperamos cuanto antes.
Manuel Pérez
Médico, Abogado y Economista.
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